En el año 2014 Estados
Unidos nos ofreció la película El Juez
(The Judge), dirigida por David Dobkin,
en la que el actor Robert Duvall hacía el papel de juez del pueblo, que ha
cometido un crimen, atropellando a un hombre con un objeto de asesinarle. Un
juez que ha dictado tantas sentencias durante su vida y que ahora va a ser
encarcelado. ¿Puede equivocarse un juez en la administración de la justicia?
Sí, y más si se deja llevar por sus ideas políticas.
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| [Miembros de la Plataforma Libres e iguales; www.elconfidencial.com] |
El auto del juez Yusty Bastarreche,
del juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Madrid,
suspendiendo el acto público del 17 septiembre en la Sala Matadero de Madrid,
con el título de "En Madrid por el derecho a decidir" parece,
igualmente, una venganza contra un enemigo declarado y, además, se fundamenta
en argumentos
jurídicos discutibles. Por ‘derecho a decidir’ el juez parece entender que
se trata de apoyar un ‘referéndum ilegal’. ¿Cómo lo sabe el juez, si lo que
quieren los promotores es debatir la idea política de que decidir es un
derecho? No lo sabe, porque desconoce el contenido del acto, pero se anticipa a
lo que él cree que sucederá. Así el juez se declara parte, por lo que
difícilmente puede ser imparcial. Al menos no lo parece. Todavía más: este juez
pertenece a la plataforma antiindependentista, "Libres e iguales", contra
el secesionismo catalán. Parece que sus ideas políticas le han llevado a la
actuación judicial.
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| [Martínez, del PP madrileño, presenta la querella; www.libertadDigital.com] |
Las opiniones políticas
del juez le descalifican en el dictado de este acto. Era una buena ocasión para
haberse retirado. Hace algún tiempo ya criticó ‘la gran maldad de Zapatero’, a
causa del proyecto de Memoria Histórica en el año 2007, calificó a la juez (y
ahora alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena) de no tener ‘un aspecto presentable’
y manifestó que el escudo constitucional es el del águila de San Juan. Su odio
al equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid parece evidente, según su
declaración de 2016: "¡Pensar que semejante tropa está al mando de nuestras
ciudades y puede estar en el Gobierno de España! Si por lo menos tuviesen un
aspecto presentable". Es claro que su extremismo le contamina. Ahora que el
Partido Popular de Madrid tampoco le anda a la zaga: considera que se trata de
un acto para hacer ‘apología’ del independentismo catalán. A ver quién da más,
que caramba. También se sobrepasa y mucho algún periódico, tomando la parte por
el todo, diciendo en su titular que "la justicia" suspende, pero no,
lo hace un juez solamente.
En cuanto a los argumentos jurídicos son discutibles y
endebles. Veamos. El primero sostiene que es "un acto de apoyo a la Ley
19/2017" del Parlamento de Cataluña. No hay tal cosa: se trata de un acto
para debatir el derecho a decidir, simplemente.
El segundo y tercero se
ligan mutuamente. Uno dice que la ley anterior ha sido suspendida por el Tribunal
Constitucional. Y el otro sigue declarando que el acto apoya la ley suspendida.
Aquí se pasa mucho al juez.
El cuarto se refiere al
‘referéndum ilegal’, que no puede ser apoyado. Ahora bien, el referéndum ha
quedado suspendido, pero corresponde al Tribunal Constitucional decidir en su
momento acerca de su inconstitucionalidad o no. Debatir no puede ir contra la
Constitución, que ampara, precisamente, la libertad de expresión.
El quinto prohíbe
"realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal", por eso
suspende el acto de Matadero. Y vuelta la burra al trigo, de lo que se trata es
de debatir, nada más.
La argumentación no
puede ser más endeble. Parece una
decisión autoritaria de quien se da cuenta de su falta de autoridad para superar
su complejo de inferioridad, confundiendo las opiniones con la realidad. Todo
se reduce a establecer que el referéndum catalán es ilegal, por lo que va
contra la Constitución y cualquier cosa que le favorezca debe ser suspendida.
Pero esto no es cierto, porque confunde ilegalidad con inconstitucionalidad. Es
verdad que la ley catalana ha sido suspendida, pero no declarada
inconstitucional. Podría serlo, pero no es lícito que se puedan adelantar los
acontecimientos. Los magistrados de él Tribunal tienen cinco meses para
resolver lo que el juez ha decidido ya, dándoles hecho el trabajo.
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| [Presentación del acto de Matadero; www.lamarea.com] |
Ciertamente que en toda
sociedad hay problemas jurídicos a resolver. En el caso catalán, creo que el problema es político y social, no
judicial. La cuestión es que cuando los políticos no pueden resolverlo, entonces
los judicializan. En eso estamos, los jueces podrán parar un determinado
proceso durante cierto tiempo, pero volverá a plantearse de nuevo. El actual
gobierno ha mostrado suficientemente su incapacidad para resolver el caso,
aunque traten de presentarse como hombres de Estado, sin resistir al mínimo
análisis. De este modo pasan el muerto al Tribunal Constitucional. Es éste un
pobre remedio. Lo de los jueces es todavía peor, viendo cómo actúan algunos. De
ellos escribió Aristóteles que "su disposición ordinaria es la equidad,
que es una variedad de la justicia y una disposición que en realidad no difiere
de ella" (Ética nicomáquea, 137 h).
En noviembre de 2015
Julio Anguita declaraba en la presentación de uno de sus libros: "Vamos a
un choque de trenes conducidos por auténticos insensatos, mentecatos y
corruptos... Este choque se viene preparando porque nunca se ha querido abordar
el problema de un estado plurinacional que es el español". Qué
clarividencia la de Anguita para anticipar los acontecimientos actuales. Y el
caso es que los del ‘estado plurinacional’ sigue sin entenderse, ni quererse
resolver. Cómo va a ser posible hacerlo, si ni siquiera permite discutirlo la
derecha autoritaria, que no se atreve a sacar sus esencias, pero que tampoco puede
ocultar sus auténticos genes.
Sólo quedan ya esperar
el resultado de las alegaciones de Ayuntamiento, que llegará seguramente tarde.
Julián
Arroyo Pomeda
