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a legislatura política
actual está ya bastante avanzada y hace tiempo que nadie habla de la proyectada
Reforma de la enseñanza para sustituir la nada feliz Ley Wert, ahora vigente.
La LOMCE rezuma un marcado carácter tecnocrático desde su primera línea, en la
que habla de los cambios tecnológicos que han transformado las sociedades y del
desarrollo económico que las ha hecho avanzar. Con independencia de que también
se señalen los valores humanistas, aunque parezcan sólo un barniz, lo que
importa es el progreso social y económico: la educación es "uno de los
factores más importantes de aceleración del crecimiento económico y del
bienestar social del país" (página 45.188). En la página siguiente pide
orientar "el sistema educativo hacia los resultados".
Esta orientación
general es un error de base que habría que corregir, porque la educación es
otra cosa que una empresa. Hacer una especie de sistema empresarial de la
educación es perder calidad en todos los sentidos, por mucho que se quiera
recuperar la cacareada calidad perdida. No se trata, pues, de un buen modelo,
por lo que hay que reformarlo para evitar su unilateralidad y la politización
de la enseñanza, como ocurre en la actualidad.
[www.aquifrases.com] |
Hemos pasado de este
modo 16 años aprendiendo para la escuela, pero sin saber vivir, que es lo
importante en el desarrollo de los seres humanos. No hemos aprendido a razonar,
ni hemos adquirido sentido común. Sólo tenemos contenidos superfluos, que
varían en poco tiempo, por lo que no eran tan necesarios. Seremos eruditos, en
el mejor de los casos, pero no sabios. Además, en el camino se ha dejado la
formación para ejercer una profesión con la que poder vivir, que no es
necesariamente la universitaria.
Ahora necesitamos, para
empezar, construir un sistema educativo
que dure, sin que tengamos que modificarlo, cuando gobierne un partido
político nuevo. Por eso hay que acordarlo entre todos, o, al menos, tener el
aval de los partidos mayoritarios y sólidamente fundados. Sólo si es el mismo
para todos los estudiantes de los distintos territorios de España, el cambio de
residencia no nos afectará. El sistema tendría que ser público y a cargo del Estado, cuya obligación es asegurar la
educación a todos los ciudadanos. No se puede rechazar la enseñanza privada,
sólo que, al no depender del Estado, no puede exigir subvenciones. Cualquiera
la puede elegir en aras de sus convicciones y valores propios. ¿Y si no hay
centros públicos suficientes en un territorio determinado? Entonces el Estado
debe proporcionarlos con toda urgencia, en lugar de escudarse en lo privado
para no realizar las inversiones necesarias. Así se hará realidad la igualdad
de oportunidades. Garantizada la calidad de enseñanza en los centros públicos,
los resultados no tienen que ser los mismos que en los centros privados, ya que
cada uno tendrá su propia idiosincrasia e impulsará las capacidades personales.
Las asignaturas básicas
deberían ser las mismas para todos los centros. Luego debe haber también una
oferta opcional para elegir lo que más convenga a nuestro currículo personal, así
como nuestros valores y convicciones. ¿Qué hacer con la Formación Profesional, ahora tan desgajada y superada? Nunca debe
sacarse del sistema educativo, sino integrarse en el mismo. Cuando las materias
obligatorias a cursar sean iguales y comunes, en el mismo nivel de bachillerato
se podría ya optar por otras diferenciadas de acuerdo con la rama profesional
que interese a cada uno. Tampoco quedará excluido ningún estudiante de
Profesional de la Universidad, a la que podrá integrarse posteriormente en
función de sus capacidades. De este modo la oferta profesional se haría mucho
más atractiva y alcanzaría la consideración social que merece.
[www.pstu.com.ar] |
No cabe ninguna duda de
que se tiene miedo a cualquier clase de cambio, como si valiera más lo malo
conocido. Si las turbulencias socio-políticas golpearan nuestras mentes, no
habrían sucedido en vano. Hay que hacer frente a las situaciones, en lugar de poner
a actuar mecánicamente el sistema legal. Claro que es dura la ley, pero no
podemos olvidar que todas las leyes han sido elaboradas por el poder de
legislar, que está en el Parlamento por mandato de los ciudadanos. Son estos
los que exigen reformar la ley de educación para adecuarla a lo que necesita la
sociedad española, pero los parlamentarios parecen dormidos y no se dan por
aludidos. Han de saber que la única dirección posible es la de aprender para la vida.
Julián
Arroyo Pomeda
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