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| [El juez Llarena; www.elperiodico.com] |
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os
campanarios de España están tocando a rebato, porque el tribunal alemán sólo
acepta el delito de malversación y
no el de rebelión en el caso de Puigdemont. Rasgarse las vestiduras ahora,
cuando ya Bélgica estableció en diciembre de 2017 que no cabía tal delito de
rebelión, parece no querer ver la realidad.
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Por
otra parte, la amenaza de suspender Schengen
es un disparate, después de haber acordado el reconocimiento mutuo entre los
Estados miembros de la Unión Europea. ¿No quedaron en aceptar la cooperación
entre jueces y fiscales? Pero es que la malversación es igualmente discutible,
luego que Montoro, ministro de Hacienda con Rajoy, declaró que los fondos
públicos estaban controlados en Catalunya. Personalidades del PP quieren ahora que
el Gobierno suspenda este espacio por la dignidad y el debido respeto a España,
a la que han asestado un golpe muy duro. Tildan de humillación intolerable, por
parte de un tribunal regional alemán, Scheleswig-Holstein.
No aceptan los magistrados que se perturbara el orden público, ni el grado de
violencia que implica la rebelión armada.
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La
estrategia del juez Llarena con todo lo que implica cae por los suelos. Además,
el sistema judicial español y la
elección de los jueces resulta muy discutible. El mismo Llarena alcanzó el
Supremo elegido por una mayoría conservadora (presidió la APM), cuyo
nombramiento se hizo a dedo. Hablemos claro, que demasiado tiempo llevan
tomándolos por tontos.
Lo
cierto es que se están produciendo grandes disfunciones,
pero esto era previsible por la marcha de los acontecimientos, aunque hay
demasiada hipocresía. Los truenos y relámpagos de Casado todavía se entienden,
ya que está en campaña electoral. Los de González Pons, ya menos. Y Girauta,
proclamando un espacio de "impunidad europeo", en absoluto.
En
fin, los equilibrios y contrapesos son siempre necesarios. Habría que preguntar
de dónde procede todo esto. Pues de
haber judicializado un problema que era político. Así que, aunque se
normalizara con el tiempo la cuestión por acuerdos políticos, los jueces
podrían seguir con su proceso jurídico. Ahora se quejan los mismos que antes lo
decidieron así. Vivir para ver.
Julián Arroyo Pomeda
