La
consulta democrática al pueblo escocés se celebró el pasado 18 septiembre de
ese mismo año con el resultado de un 55,3% de apoyo al no y el 44,7, al sí. La
participación fue del 84,27%. Como ha ganado el no, Escocia sigue en el Reino
Unido, junto con Irlanda, Gran Bretaña e Inglaterra. ¿Y qué ha pasado? Nada,
ninguna hecatombe política, social o económica. El pueblo ha votado y el
Partido Nacionalista Escocés (Scotish National Party, SNP) ha perdido con una
diferencia de 10,6 puntos.
Claro
está que en una consulta de tal categoría siempre pasan cosas, que unos pueden
considerar positivas y otros mucho menos. De momento, el líder de los
independentistas, Alex Salmond ha presentado la dimisión. ¿Por qué? Simplemente,
porque ha perdido y la cultura democrática exige la renuncia, dado que el
pueblo no le ha apoyado. Las cosas en democracia son así. Esto es una muestra
de seriedad y dignidad. Se trata de un episodio democrático de excelente
calidad.
Ahora
bien, Salmond no se va de vacío, puesto que ha conseguido mover las férreas
estructuras británicas, ya de por sí inamovibles y partidarias de la
permanencia a toda costa. El aparato político gobernante se ha comprometido
públicamente a establecer pronto cambios importantes en las cuestiones
institucionales. En la práctica, esto va a suponer una organización federal del
Reino Unido, abriendo un proceso de transferencias ahora impensable. Además,
para la totalidad de sus países.
Primero,
se establecerá un nuevo marco de
financiación. Los recursos serán compartidos de manera equitativa. ¿A quién
le puede parecer mal esto? Oportunidades iguales y garantía de seguridad por
parte del Reino Unido. La asignación del gasto público no podrá ser función
exclusiva de Londres.
Segundo,
un sistema de salud que será
transferido al gobierno de Escocia, así como al resto de los servicios
públicos. Estas transferencias no podrán ser ejercidas sin un marco de
financiación previa, que será imprescindible una vez fijadas las competencias.
Tercero,
un cambio de Constitución orientada al
federalismo. Esto no será nada fácil, pero es inevitable en el camino
trazado.
La
gestión de todo ello no durará una eternidad. Como referencia se han indicado
los meses de octubre, noviembre y enero próximos. Esto muestra que la voluntad
política es firme y que los problemas se han agarrado por los cuernos. A
grandes dificultades, máximas soluciones, porque las cosas no van a arreglarse
por aburrimiento. El Reino Unido ha recibido un aviso muy sólido y a nadie se
le ocurrirá dar un paso adelante y dos atrás, porque la ciudadanía no se lo
permitiría. Esto va en serio. Unionistas y secesionistas se han visto las caras
muy de cerca: retroceder es ya imposible.
Mientras
tanto, nosotros miramos a Catalunya. ¿Cómo va a afectarle todo esto?, se
pregunta la mayoría de los comentaristas. Aquí las opiniones son diversas y
variopintas, pero sólo algunas excepciones dan en el blanco, que es la
celebración y los resultados de una consulta popular. El partido del actual gobierno
llama a la sensatez, esperando que la consulta no se convoque. Esto no es hacer
frente a tan grave cuestión.
En
efecto, la consulta se convocará para que el pueblo catalán manifiesto su
opinión, pero no se hará legalmente,
porque la barrera constitucional lo impide y en esto no hay ninguna cesión
posible, como ya ocurrió con el pueblo vasco. Si no se hace legalmente, todo
quedará en el más absoluto vacío.
Tampoco
se conocerán los resultados, porque la totalidad de mecanismos constitucionales
lo impedirán por las buenas o por las malas. Ahora bien, esta no-solución no va
a quedar sin consecuencias. La primera y más evidente de todas será el
incremento del nacionalismo. Si no se actúa inteligentemente -y no se va a
hacer así-, los partidarios del secesionismo lo volverá a intentar esa vez con
mucha más fuerza y convicción.
En
este momento ya es imposible ir por delante de los acontecimientos. Me parece
que la marea es imparable, especialmente por las grandes torpezas que se han
cometido desde hace varios años. El presidente Rodríguez Zapatero habla de una anomalía que hay que corregir,
refiriéndose a los artículos derogados por el Tribunal Constitucional en el
Estatut. Y se eliminaron a instancias de un partido político anclado en el
inmovilismo más retrógrado, pero que sigue sus trece. "Ellos" son,
dicen, los que están creando un problema de Estado. Sólo ellos, o sea, los
catalanes con su estructura política. "Nosotros", en cambio, sólo
estamos defendiendo la unidad de la nación española. Sin embargo, no quieren
reconocer que no se pueden poner puertas al campo, ni vallas en las fronteras.
¿Dónde nos conducirá semejante proceder? Quizás sólo sepa ahora la mente de
Dios, pero al pueblo español no se le puede tener en semejante incertidumbre.
En
el referéndum escocés se aclararon las cosas de una vez acerca de la necesidad
de restituir el poder político. La reacción de Cameron sólo se produjo ante el
aumento del voto independentista, que parece haber sido liberado, precisamente,
por la juventud, que no temió al cambio. Aquí en España gobiernan los viejos y
se sienten atemorizados. ¿Qué pasará si hay consulta con lo insensatos que
somos los españoles en nuestro radicalismo? Sobre esto ahora no conviene votar,
ni tampoco nunca, porque acarrea consecuencias. ¿Sabemos comportarnos unos y
otros como seres civilizados? ¿Quién ganará? Los escoceses han votado, el
pueblo ha hablado y se le ha dejado expresarse. Al final, resulta que quienes
han ganado han sido todos, quién lo iba a pensar. La soberanía popular ha sido lo
importante.
En
cuanto al presidente Artur Mas está resultando un hombre muy astuto y de gran
habilidad. No le dejarán que saque las urnas a la calle para que el pueblo
pueda votar, pero, finalmente, lo hará en unas elecciones generales, que se podrían
convocar a la vez. Así saldrá adelante su compromiso. La jugada no está nada
mal.
Julián Arroyo Pomeda
Ilustraciones: www.elpais 16/09/14: www.deia 25/09/14; www.federalistesdesquerres.org; ww.alderchoyalreves.infolibre.es; www.rtv.es
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