Julián Arroyo Pomeda
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Catedrático de
Filosofía ||
“El abuso del poder es una enfermedad, al parecer incurable, del ser humano
y claro que produce desorden” (Salvador de Madariaga).
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o se puede estar en
todo a la vez y, quizás, la portavocía de Celaá en el gobierno haya solapado su
manifestación de ideas educativas importantes, que siguen estando en vigor. Su
intervención ahora en el quinceavo Congreso de Escuelas Católicas ha perturbado
la mente de los dos mil delegados asistentes, al decir en voz alta que “la Constitución no ampara la libre
elección de centro”, que es la base de apoyo de la escuela concertada en
España. La han oído bien y los murmullos no se han hecho esperar, porque ven
peligrar sus privilegios.
Cuando se discutía la
aprobación de la LOGSE un grupo de profesores nos encontramos con un
catedrático de la Universidad Carlos III,al que el Ministerio
de Educación había convocado para que impartiera una conferencia, ofreciendo
sus opiniones sobre la misma. Le preguntamos por su contenido. Nos dijo que
hablaría claro, pero que tendrían que oír cosas que podían no gustarles, porque
no siempre hay que regalar el oído de quienes llaman para afianzar sus propias
ideas. Parece que la ministra ha pensado algo parecido y ha dicho lo que no ha gustado a la audiencia, pero había
que decirlo.
La escuela católica ha
sabido aprovechar hasta el máximo los resquicios constitucionales, sacando una
buena tajada para duplicar los ingresos de los centros concertados en una
docena de años, para convertir el derecho de los padres en un pilar ideológico
y para alcanzar un 25% más de financiación en la concertada estos diez últimos
años, mientras se ha estancado la pública. Les ha ido demasiado bien y están a
la que salta por si alguien pretende tocar lo que han alcanzado.
El caso es que el
artículo 27 de la Constitución dice lo que dice, sin que quepa interpretarlo a
nadie pro domo sua. Proclama el
derecho a la educación, reconoce la libertad de
enseñanza, garantiza recibir la formación religiosa y moral de acuerdo con las
propias convicciones y la creación de centros docentes. No habla de financiar la enseñanza concertada, que fue una concesión de
los gobiernos socialistas, precisamente, pero no una obligación basada en
un hipotético derecho de los padres. Además, el Tribunal Constitucional
estableció en 1981 que “el derecho de los padres a decidir la formación
religiosa y moral que sus hijos sean de recibir es distinto del derecho a
elegir centro docente”. La ministra tiene toda la razón.
Varias veces hemos
comentado algunos con Gómez Llorente acerca de la redacción del artículo 27, en
el que participó, y siempre se sorprendía de dónde se había llegado. En aquel
momento, nos decía, todos estábamos en la línea de consenso y pensamos que
prevalecería el sentido común, pero no ha sido así, se lamentaba.
La actual Ministra de
Educación en funciones se ha pronunciado ahora con convencimiento y seguridad
en el lugar adecuado: “De ninguna manera se puede decir que el derecho de los
padres a escoger la enseñanza religiosa o elegir centro educativo podría ser
parte de la libertad de enseñanza que recoge el artículo 27”. Es decir, los
padres pueden elegir centro, ideario y formación religiosa, pero sin que tal
decisión obligue al Estado a pagar con
dinero público lo que es una decisión privada y meramente particular. La promoción de la escuela pública es una de
las grandes funciones del Estado.
Esta tiene que ser científica, laica, gratuita y democrática. Quien quiera una
educación privada tendrá que financiarla con sus propios recursos, que no
pueden estar a cargo del Estado, porque esto no emana de la libertad de
enseñanza.
Lo de la “demanda social” de la Lomce es
rizar el rizo para favorecer
exclusivamente a la enseñanza privada concertada. Parece que se puso ad
hoc. Se construye una urbanización nueva en la que no hay todavía centros de
enseñanza, por ejemplo, y, en virtud de que los padres que allí viven lo
demandan, la administración da suelo municipal a una institución, generalmente
religiosa, y levanta un colegio, que después se concierta, siendo financiado
con dinero público, acogiéndose a la “necesidad social”. Así se viene haciendo
en un claro abuso. Podrían haber pensado de otra manera, construyendo un centro
público, bien dotado y con calidad educativa para atender las necesidades de
esa zona. El coste arquitectónico sería el mismo y el equipo de profesores
correría a cargo de la Administración. En cambio, la propiedad sería del Estado
y resultaría más económico.
No se trata, pues, de
ningún lapsus de la ministra, como sugiere el obispo Argüello, sino de establecer la doctrina constitucional,
que se ha relajado vergonzosamente. El Estado aclara las cosas. Lo sorprendente
es la queja la Conferencia Episcopal Española, que ha vampirizado todo lo que
le interesa. No se puede abusar más, porque, entre otras cosas, no queda
bonito. Bien les vendría una pincelada de humildad.
(*) Artículo publicadO en CRÓNICA POPULAR
