Pin, pin, pin: degradar la escuela pública

Hace unos días coincidí con una amiga y hablamos del pin parental. Me dijo que si ahora sus hijos estuvieran en edad escolar los inscribiría en un buen colegio privado, a poder ser bilingüe por los próximos líos que van a presentarse en los centros públicos. Me extrañó, pero comprendí que eso es precisamente lo que buscan los partidarios de vetar ciertas actividades con la excusa de que adoctrinan a los niños. Intentan desprestigiar la enseñanza pública.

Muchos colegios privados adoctrinan, pero no molesta, lo hacen de acuerdo con mis propias convicciones. He trabajado en algunos centros privados en los que me encontraba muy a gusto; en cambio, en otros abandoné lo antes que pude, porque contaminaban de adoctrinamiento incluso al profesorado, que aguantaba, porque tenía que ganarse la vida. Ahora se presumiendo de ello, sin ninguna vergüenza. Por eso estamos mucho peor.

El pin parental faculta a los padres a rechazar actividades complementarias, que están dentro del horario escolar para completar las exposiciones del aula. Se introducen en las programaciones y forman parte del currículum, contextualizándose en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las aprueba el Consejo Escolar y quedan recogidas en la Programación General Anual (PGA). La LOMCE (artículo 2 bis, 4) establece para el sistema educativo cooperación, equidad, libertad, igualdad y no discriminación. El pin parental pide a la dirección de los centros que informen a los padres de materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales o a la sexualidad que puede introducirse en la conciencia e intimidad de sus hijos. Los padres darán o no su consentimiento. ¿De dónde viene plantear esto ahora?

Puede ser por ignorar lo que es una actividad complementaria, porque los padres quieren controlar los centros públicos, porque desconocen lo que es la escuela pública, porque son unos rancios y desprenden olor a naftalina, o porque están en el limbo. Toda educación debe atender a las necesidades que se presenten en una sociedad, porque el currículo enseña, pero también educa. La escuela pública ha de tener un componente científico (no desconoce la realidad), es laica y no confesional, gratuita, democrática (los padres también participan en ella) y no discriminatoria. Esto es lo que caracteriza la escuela pública, que el Estado tiene obligación de preservar con fortaleza democrática frente a quienes la atacan. Directores y profesores gozan de autonomía y tienen competencia para organizarla. No se trata de que los padres quieran otra cosa. Hay otras escuelas para atender las preferencias de los padres, presentando su carácter propio e ideario.

Si los progenitores son unos rancios y de mente poco abierta, la escuela y sus propios hijos podrían educarlos, poniéndolos frente a la realidad. Hijos de padres homófonos, maltratadores, patriarcales, racistas o dictatoriales tienen más necesidad todavía de ser educados en derechos humanos, tolerancia y libertad. Se lo merecen. Otra cosa es la carencia de oportunidad de la propuesta. ¿Qué tendrá que ver el pin con la aprobación de los presupuestos en una Comunidad Autónoma? Me parece que nada, pero lo tendrán que tragar, si no reaccionan a tiempo, porque se lo imponen a la fuerza. Menuda educación es ésta.

Luego están los epígonos de la formación que propone estas barbaridades disparatadas. Uno de ellos es un borrico y eurodiputado. Dice este sujeto que el pin es “para evitar que tu hijo pretenda penetrar a su hermanito”. Qué zafiedad. Después está el líder de la oposición que pide al gobierno que saque sus manos de nuestras familias. Puede quedarse tranquilo, nadie hace esto, en todo caso protege a sus hijos de los bocazas medievalistas y facilita su desarrollo físico e intelectual. Finalmente, está el seguidismo de partidos irresponsables, unos con cierta vergüenza, pero ahí siguen, y otros con acuerdo abierto y sin el más mínimo reproche, porque ya se sabe que a río revuelto ganancia de pescadores.

Lo que están haciendo con la amenaza de no aprobar los presupuestos, si no se acepta el pin parental, es lisa y llanamente un chantaje, eso sí, en nombre de la moral, precisamente, de su moral. Es el primero, pero no será el último, porque el proceso continuará. Lo peor del caso es que los chantajeados lo reciban de buena gana, no vaya a ser que les arrebaten también esta bandera. Aceptar tal inmoralidad es caer en un pozo sin fondo, cuyas consecuencias pueden ser impredecibles: se los irán comiendo poco a poco. Se trata de una política de chantaje permanente. Si no cortan ya, tienen el peligro de caer en la ruina más espantosa.

El valor de la escuela es único y ningún pin podrá cuestionarlo. Como escribió John Dewey: “La educación no es una preparación para la vida. La educación es la vida misma”. Muchos estarían mejor callados, en silencio serían un poco más felices, pero, si están empeñados en amargarse y liarlo todo mucho más con broncas permanentes, que con su pan se lo coman.

by Crónica Popular • 25 enero, 2020 • [Aquí se publicó el artículo]

Julián Arroyo Pomeda

Catedrático de Filosofía

Derecho a la educación, libertad de enseñanza y convicciones propias (*)

by Crónica Popular • 23 noviembre, 2019 • 0 Comments

Julián Arroyo Pomeda ||

Catedrático de Filosofía ||

“El abuso del poder es una enfermedad, al parecer incurable, del ser humano y claro que produce desorden” (Salvador de Madariaga).

N

o se puede estar en todo a la vez y, quizás, la portavocía de Celaá en el gobierno haya solapado su manifestación de ideas educativas importantes, que siguen estando en vigor. Su intervención ahora en el quinceavo Congreso de Escuelas Católicas ha perturbado la mente de los dos mil delegados asistentes, al decir en voz alta que “la Constitución no ampara la libre elección de centro”, que es la base de apoyo de la escuela concertada en España. La han oído bien y los murmullos no se han hecho esperar, porque ven peligrar sus privilegios.  

Cuando se discutía la aprobación de la LOGSE un grupo de profesores nos encontramos con un catedrático de la Universidad Carlos III,al que el Ministerio de Educación había convocado para que impartiera una conferencia, ofreciendo sus opiniones sobre la misma. Le preguntamos por su contenido. Nos dijo que hablaría claro, pero que tendrían que oír cosas que podían no gustarles, porque no siempre hay que regalar el oído de quienes llaman para afianzar sus propias ideas. Parece que la ministra ha pensado algo parecido y ha dicho lo que no ha gustado a la audiencia, pero había que decirlo.

La escuela católica ha sabido aprovechar hasta el máximo los resquicios constitucionales, sacando una buena tajada para duplicar los ingresos de los centros concertados en una docena de años, para convertir el derecho de los padres en un pilar ideológico y para alcanzar un 25% más de financiación en la concertada estos diez últimos años, mientras se ha estancado la pública. Les ha ido demasiado bien y están a la que salta por si alguien pretende tocar lo que han alcanzado.

El caso es que el artículo 27 de la Constitución dice lo que dice, sin que quepa interpretarlo a nadie pro domo sua. Proclama el derecho a la educación, reconoce la libertad de enseñanza, garantiza recibir la formación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones y la creación de centros docentes. No habla de financiar la enseñanza concertada, que fue una concesión de los gobiernos socialistas, precisamente, pero no una obligación basada en un hipotético derecho de los padres. Además, el Tribunal Constitucional estableció en 1981 que “el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos sean de recibir es distinto del derecho a elegir centro docente”. La ministra tiene toda la razón.

Varias veces hemos comentado algunos con Gómez Llorente acerca de la redacción del artículo 27, en el que participó, y siempre se sorprendía de dónde se había llegado. En aquel momento, nos decía, todos estábamos en la línea de consenso y pensamos que prevalecería el sentido común, pero no ha sido así, se lamentaba.

La actual Ministra de Educación en funciones se ha pronunciado ahora con convencimiento y seguridad en el lugar adecuado: “De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger la enseñanza religiosa o elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza que recoge el artículo 27”. Es decir, los padres pueden elegir centro, ideario y formación religiosa, pero sin que tal decisión obligue al Estado a pagar con dinero público lo que es una decisión privada y meramente particular. La promoción de la escuela pública es una de las grandes funciones del Estado. Esta tiene que ser científica, laica, gratuita y democrática. Quien quiera una educación privada tendrá que financiarla con sus propios recursos, que no pueden estar a cargo del Estado, porque esto no emana de la libertad de enseñanza.

Lo de la “demanda social” de la Lomce es rizar el rizo para favorecer exclusivamente a la enseñanza privada concertada. Parece que se puso ad hoc. Se construye una urbanización nueva en la que no hay todavía centros de enseñanza, por ejemplo, y, en virtud de que los padres que allí viven lo demandan, la administración da suelo municipal a una institución, generalmente religiosa, y levanta un colegio, que después se concierta, siendo financiado con dinero público, acogiéndose a la “necesidad social”. Así se viene haciendo en un claro abuso. Podrían haber pensado de otra manera, construyendo un centro público, bien dotado y con calidad educativa para atender las necesidades de esa zona. El coste arquitectónico sería el mismo y el equipo de profesores correría a cargo de la Administración. En cambio, la propiedad sería del Estado y resultaría más económico.

No se trata, pues, de ningún lapsus de la ministra, como sugiere el obispo Argüello, sino de establecer la doctrina constitucional, que se ha relajado vergonzosamente. El Estado aclara las cosas. Lo sorprendente es la queja la Conferencia Episcopal Española, que ha vampirizado todo lo que le interesa. No se puede abusar más, porque, entre otras cosas, no queda bonito. Bien les vendría una pincelada de humildad.

(*) Artículo publicadO en CRÓNICA POPULAR

Renace la batalla en educación

A

penas anunciados los planes de la ministra de educación para su departamento, el mazazo de algunos periódicos no ha tardado en caer sobre su cabeza. Derogará varios artículos de la LOMCE y creará la asignatura de valores éticos y cívicos como obligatoria. El más fogoso y rápido en responder ha sido ABC, que resalta en su portada del 12 julio actual las dos primeras medidas de Gobierno: "Arrinconar a la Enseñanza concertada" e "Imponer su ideario ético como asignatura y devaluar la religión", enfatizando su carácter ideológico.

[www.abc.es]

Entiendo que haya ideas y opiniones distintas y no coincidentes. Lo que no acepto es la descalificación de entrada y a priori de otras posiciones, tachándolas de premisas sectarias. Tales son la destrucción de la LOMCE en asuntos como la religión, la escuela concertada y la libertad de los padres para decidir el tipo de educación que desean para los hijos. Dicen que el Gobierno está obsesionado por presupuestos ideológicos, pero creo que la obsesión no es tanta como la de los contrarios. En todo caso, yo esperaría a que se concreten las propuestas para luego valorarlas. Veamos algunos aspectos -no hay espacio para todos- del proceder gubernamental.

Hacer de la escuela pública el eje vertebrador del sistema educativo es la obligación de Estado, ¿cómo negarlo? La concertada sigue como su complemento. Necesitamos una escuela pública de calidad y ofrecerla para que luego decidan los padres y los ciudadanos. Lo que no cabe es deteriorarla para expulsar al personal. A esto hemos llegado y se requiere una corrección profunda.

[[Celaá, minisra de educación; www.eldiario.es]

La asignatura de religión se oferta obligatoriamente por los Centros y los estudiantes, sus padres o tutores deciden aceptarla o no, pero sin alternativa, porque entonces para garantizar el derecho de unos se castiga a los otros. Por no querer estudiar religión tendrán que hacer otra materia. Es un error de raíz, que no se sostiene. Además, que la religión cuente para la media y las becas. Valores éticos y cívicos sí que necesitamos todos.

¿Quién sabe lo que quiere a los 13 años? Parece que lo que se intenta con los itinerarios es segregar, porque hay alumnos buenos y malos. Estos últimos no deben mezclarse con los privilegiados. Aquí no hay equidad, sino un mayor abandono escolar temprano.

Más alumnos por aula, más horas lectivas, más tiempo en las sustituciones es degradar al profesorado. ¿Cómo se va a investigar e innovar en esta situación? Hay que derogar el Decreto de recortes de 2012.

Una nueva Formación Profesional y financiar la educación con el 5% del PIB sólo puede ser elogiable.

¿Que no se han consultado estos cambios proyectados? Queda el próximo Curso para discutir y dialogar. ¿Que se hará a marchas forzadas? Es que los cambios son urgentes. Un poco de calma, reflexionemos si todo esto es importante. Ya llegará el tiempo de valorar y decidir.

Julián Arroyo Pomeda